La conclusión de todo España, y no hace falta decir del mundo político y administrativo de Madrid –sin distinción- es la que anunciamos: “a los catalanes se les puede maltratar, se les puede despreciar, se les puede engañar, y no pasa nada”. Y desde el 9 de marzo lo han ido haciendo con todos nosotros empezando por la Generalitat. Con todo, y ahora especialmente con la financiación.
No se trata de que nos recriminemos los unos a los otros más de lo necesario. Simplemente decir que no tendremos fuerza para hacernos respetar si cada vez que nos fustigan les damos las gracias.
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Y ahora esto ha llegado a un extremo que ni los más desconfiados habíamos previsto. Ni los más próximos al Gobierno socialista y al Presidente Rodríguez Zapatero. Ni el Presidente Montilla lo había previsto. Ahora nos salen con que diga lo que diga una Ley como el Estatut de Catalunya ahora no toca hablar de financiación. Todos los contrarios a que el actual sistema se analice con transparencia y objetividad, todos los que han hecho suyo aquello de que la solidaridad “hay que practicarla con los bienes ajenos” (frase de patente socialista) o “tienen ustedes razón, el sistema es injusto con los catalanas pero a nosotros nos va bien y punto” (frase de patente popular), ahora dicen, en contra de lo que dice la Ley, que ya hablaremos más adelante. Y tienen la osadía de argumentarlo con apelaciones a la responsabilidad. “Sean ustedes responsables”. Y esto lo dicen a un país y a unas fuerzas políticas que han demostrado con creces su comprensión, su lealtad y su responsabilidad.
Dicen que hay crisis económica, y que se debe dejar por no se sabe cuando la discusión de la revisión del sistema. Poniendo ya de entrada, desde la comunidad autónoma más socialista a la más popular, pasando por la vicepresidenta de la Vega y el vicepresidente Solbes, unas condiciones negativas por Catalunya.
¿Realmente hay crisis económica? Creíamos que ya se estaba notando, pero el Presidente Rodríguez Zapatero muy enfadado nos dijo que no era verdad y que hablar de ello era antipatriótico. Dicen que no nos pueden mejorar la financiación porque deben dedicarse a luchar contra la crisis, pero silencian que durante años se han negado a admitir que si hay estos superávits en buena parte es porque con el sistema actual el crecimiento económico beneficiaba la caja central (por ejemplo, la Seguridad Social), pero perjudicaba las Autonomías, y especialmente la de Catalunya, que debe atender nuevas y crecientes necesidades sociales. Pero por encima de estos y otros muchos argumentos hay uno: la Ley es la Ley y también la Ley es el Estatut de Catalunya. Y se debe cumplir. Es una exigencia de justicia. Y de seriosidad, que es una cosa de la que la política española empieza a ir escasa.
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En las discusiones de estos últimos días ha habido dos hechos de signo opuesto. Uno de negativo ha sido la intervención del expresidente Felipe González. Una intervención desgraciada. Él sabe, y nos consta que lo sabe, que la financiación de la Generalitat es injusta. Y que el concepto de solidaridad, tal y como se aplica ahora, es viciado. También sabe que cuando no hay tanto dinero a repartir como antes se reparte menos, a todo el mundo, pero esto no priva de que se pueda discutir, cuando por Ley y por Ética toca, si se debe modificar o no el sistema.
El expresidente Felipe González haría bien en recuperar a su antiguo asesor en estos temas en la Moncloa, el señor Antoni Zabalza, que ha escrito, textualmente, que el sistema actual, tal y como se aplica, lleva “al superávit en el ámbito del Gobierno Central” y que “algo falla, y ese algo no es la gestión de los gobiernos autonómicos”. Y todo esto tiene efectos especialmente negativos en Catalunya, por su estructura social y demográfica, por el papel económico que le toca jugar y por hechos específicos propios no generalitzables a todas las Autonomías.
Es bueno en cambio que el Presidente Montilla haya contestado con claridad y contundencia y con buenos argumentos a los señores Rodríguez Zapatero, Felipe González, Chaves, etc. Si esta contundencia se mantiene, si la energía inicial no se diluye quizás, ni que sea a disgusto, en muchos lugares de España –y en el PSOE y el PP- deberán revisar planteamientos que ya no responden ni a la justicia ni siquiera a la solidaridad.
