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Hace 16 o 17 años –es decir, alrededor de 1992- la política económica española dio un giro importante y saludable. Pasó de estar dominada por criterios financieros y de efectos aleatorios a corto plazo a estarlo por criterios productivos y más consistentes. Este cambio de política fue sobre todo impulsado desde Catalunya y muy especialmente por CIU.
Hasta entonces la economía española estaba muy marcada por el consumo, por el endeudamiento de la Administración, por la importación, por una peseta sobrevalorada y por unos intereses altos.
Estos cinco hechos se encadenaban muy lógicamente. El endeudamiento público obligaba a ir a buscar dinero en el extranjero y esto requería que la peseta estuviera sobrevalorada y los intereses fueran altos con objeto de hacer atractivo dejar dinero en España. Esto perjudicaba gravemente nuestra economía productiva, desde la industria a la agricultura, -que les era muy difícil exportar y en cambio los productos extranjeros entraban fácilmente- e incluso el turismo empezaba a estar amenazado. Y el consumo era alto. Esto funcionó digamos que bien hasta el año 1991. Fueron unos años muy buenos para algunos sectores económicos, más inclinados hacia las finanzas y a la especulación, pero malos para la economía general del país. Sobre todo no buenos, repito, para nuestro tejido productivo.
A partir de 1993 se produjo un cambio. Se procuró reducir el endeudamiento en beneficio del ahorro y favorecer la inversión en vez del consumo. Se devaluó la peseta (ahora con el euro no haría falta) y se bajaron los tipos de interés. Y al fin y al cabo favoreció la exportación de nuestros productos y frenó las importaciones (y, por lo tanto, redució el déficit por cuenta corriente). A esto se le llama círculo virtuoso, enfrente de lo anterior que era el círculo vicioso. Es decir, se cambió nuestro modelo económico.
Este círculo virtuoso funcionó bien durante años. Pero después España ha recaído en la tentación del dinero fácil. Esta vez no a través de la especulación financiera sino sobre todo de la actividad inmobiliaria. Y de las ventajas de una inmigración muy masiva. Efectivamente durante años se ha producido un gran crecimiento económico, con lo que esto ha tenido de bueno. Pero también con notables inconvenientes por las bases sobre las cuales se ha sustentado. Que han sido el consumo, la construcción y la inmobiliaria, la inmigración y el turismo. El consumo y la inmobiliaria son motores poderosos de crecimiento, pero no incrementan la productividad y la competitividad futuras. La inmigración masiva provee de mano de obra, incrementa el consumo, frena el incremento de los sueldos. Pero orienta a la economía hacia un modelo de baja productividad y a medio plazo poco competitivo.
Durante los años de boom económico se produjo una euforia que eliminó toda clase de crítica o de advertencia. El reclamo de volver al modelo exigente y no especulativo de la economía productiva –industria, agricultura y ganadería, logística, transportes...- no era escuchado ni por la sociedad ni por el gobierno español. Y así hemos llegado a que hasta hace poco el crecimiento del PIB español era de los más altos de Europa, pero con respecto a la productividad España estaba muy por la cola. Y esto explica también el balance muy negativo del comercio exterior.
Todo esto es negativo para el conjunto de España, pero lo es especialmente para Catalunya que como factor muy principal de su economía tiene su tejido productivo.
Afortunadamente en Catalunya se ha mirado de conservar este tejido productivo, y wn gran parte sw ha conseguido. Y en este momento en qué ya es evidente que el crecimiento basado en el ladrillo no da más de si, Catalunya puede sacar tajada. Y debe volver a pronunciarse a favor de una política de productividad y competitividad, y de todo aquello que lo hace posible, desde las Universidades a las infraestructuras y desde la proyección hacia el extranjero de nuestras empresas al aprovechamiento a fondo de las nuevas tecnologías.
El Gobierno español por el momento no parece orientarse hacia aquí. Pero tanto el Gobierno de la Generalitat como todas las fuerzas políticas y sociales catalanas como nuestro mundo empresarial y económico tienen la posibilidad de orientar nuestro país en este sentido.