Jordi Pujol
Actualidad del CEJP / 20 de Julio de 2009
Ha sido mi norma desde el final de mi presidencia de la Generalitat en diciembre del 2003 procurar intervenir poco, lo mínimo o incluso nada, en los debates propiamente políticos. Lo que no significa que haya renunciado a mi apasionado interés por Catalunya y por su gente, y a mi determinación de siempre de servirles en lo que pueda y en lo que corresponda a mi situación, como tampoco que haya renunciado a hacer pública mi opinión en momentos o temas de gran y especial trascendencia. Y ahora se da un caso de estos, con motivo de la muy larga negociación de la nueva financiación que Catalunya ha de tener como consecuencia de la aplicación del nuevo Estatuto. Sobre todo teniendo en cuenta que algunos protagonistas del actual debate han apelado a lo que denominan mi sentido y mi significado institucionales supuestamente favorables al nuevo sistema de financiación pactado y aceptado por el gobierno de la Generalitat. Por lo tanto, más vale que yo mismo dé a conocer mi criterio sobre este tema.
De entrada debo informar que presidí la reunión extraordinaria del comité ejecutivo de la Federació de Convergència i Unió del día 14, y que estuve totalmente de acuerdo con la posición contraria al acuerdo sobre la financiación que se adoptó. Y por tanto con la posición expresada ese mismo día en nombre del comité ejecutivo por Duran Lleida y después por Artur Mas, y mantenida hasta el día de hoy.
La nueva financiación será mejor que la que teníamos. Pero siempre ha sido así: lo fue el año 1993 pactando con el PSOE, y también los años 1996 y 2001 pactando con el PP. En estos tres casos sobre la base del Estatuto de 1979, es decir, sin el nuevo Estatuto que bien aplicado debería representar un cambio positivo muy sustancial. De hecho, en estos momentos no sabemos del todo cuál será la ganancia, pero la perspectiva es preocupante, porque por los datos que nos dan ni la mejor de las hipótesis daría la mejora sustancial y definitiva que el Estatuto debía significar. Y lo que sí sabemos es que el acuerdo de financiación no se ajusta al nuevo Estatuto.
Hemos discutido el nuevo Estatuto durante años y lo hemos aprobado en el Parlamento con el 90% de los votos. Se negoció con el Gobierno español y se discutió y aprobó en las Cortes. De estas discusiones resultó un Estatuto sensiblemente recortado, pero a pesar de todo mejor que el anterior y aceptado y ratificado en referéndum por el pueblo de Catalunya. Tiene toda la lógica del mundo y es de justicia que reclamemos su cumplimiento, y el caso es que el nuevo acuerdo no lo cumple. No se ajusta al modelo de financiación incluido en el nuevo Estatuto. Realmente no lo cumple.
Tengo la suficiente experiencia —también en este tema de la negociación con la administración española y de las actitudes políticas y emocionales de toda España— como para comprender las dificultades con las que se han tenido que enfrentar el Presidente Montilla y el Consejero Castells. También sé por experiencia qué significa negociar con el agua hasta el cuello y tengo bastante sentido de la responsabilidad como para no dejarme arrastrar por la crítica fácil. Pero todo esto no quita que si el acuerdo no se ajusta al Estatuto y la solución realmente no resuelve nuestros problemas como país más allá de lo que pueda ser una mejora a corto plazo —y puede que problemática— esto no se tenga que denunciar. Si al cabo de tantos recortes Catalunya acepta que la financiación no se ajuste al Estatuto, ¿cómo podremos defender nuestro derecho? En esto y en todo: en dinero ahora mismo, en competencias, en respeto institucional, en temas lingüísticos y culturales, etc.
Podría pasar que se creara un estado de opinión que considerara que el no cumplimiento del Estatuto no tiene importancia si la ganancia económica es de una cierta entidad. A parte de que no está en absoluto garantizado que la ganancia sea suficiente ni con bastante seguridad de futuro, cabe decir que una actitud así equivaldría a una grave carencia de visión política, de visión de país. Finalmente lo que cuenta para que un país sea respetado políticamente y también económicamente es que lo sea su ordenamiento jurídico e institucional. No se puede construir un país a base de subastas y habilidades puntuales, sino sobre un entramado sólido de leyes fundamentales. Por eso se ha hecho el nuevo Estatuto, que es el que ahora marca la diferencia con la situación anterior. Si esto no es respetado por los de fuera y defendido desde dentro no tendremos un futuro colectivo estable y realmente constructivo.
Se entiende que por desconcierto y por cansancio —el proceso ha sido extenuante— haya gente dispuesta a aceptar este acuerdo o el que sea, aunque vulnere el Estatuto y nos cierre puertas de futuro. Pero también hay que entender, e incluso agradecer, que haya gente dispuesta a asumir la responsabilidad de denunciar el incumplimiento del Estatuto y ahora especialmente de sus disposiciones financieras. Es decir, de las que deben asegurar el bienestar de los ciudadanos de Catalunya, la competitividad y el crecimiento de la economía catalana, unas buenas políticas sociales, el soporte a una buena política cultural, etc. Y que todo ello permita reforzar la cohesión social, la integración y la promoción de las personas (lo que se denomina el ascensor social). Con espíritu positivo pero enérgico, es decir, no sumiso ni a ningún tipo de presión ni a la resignación propia del cansancio colectivo. Quien piense que el acuerdo vulnera el Estatuto y no resuelve los problemas del país debe tener el coraje de decirlo. A pesar de que esto provoque críticas.
Cierro aquí esta declaración personal. Los argumentos que durante estos días se utilizan en la discusión sobre la bondad del acuerdo no solamente son muy discutibles por lo que concierne al futuro sino que tergiversan seriamente lo que ha sido la historia de la financiación desde hace muchos años. Quizá esto requiera una nueva explicación a fin de evitar la deformación de lo que ha sido esta historia. Por eso tendrá, si llega el caso, un tono más propio de debate político que el que deseo dar a esta declaración.
Resumiendo:
Considero que el acuerdo al que se ha llegado por parte del Gobierno de la Generalitat y el Gobierno español no es un buen acuerdo porque:
- incumple el Estatuto
- no resuelve suficientemente ni de forma lo bastante clara el problema de la financiación de Catalunya
- por tanto, no elimina los factores de insuficiencia, fragilidad e incertidumbre que pesan sobre las finanzas de la Generalitat. Consecuentemente no garantiza que Catalunya pueda hacer en el futuro una política lo suficiente potente de modernización, de incremento de la competitividad, por tanto de crecimiento económico y de atención social y ciudadana a toda la población que permita reforzar la cohesión social, la convivencia, la promoción de las personas (el ascensor social) y su integración.
