¿De qué se trata?

Desde entonces como novedad ha habido el acuerdo sobre financiación. Que se ha querido presentar como un buen acuerdo, y que suponemos que significará alguna mejora, como ha sido siempre desde 1993 cada vez que se ha estipulado un nuevo acuerdo. Pero que no resuelve el problema financiero de Catalunya. Es un acuerdo confuso, con abundante letra pequeña, repleto de ambigüedades. Que ya, a las primeras de cambio, se ha empezado a resolver a la baja.

Desde entonces, razonablemente, hemos creído que habría la sentencia del Tribunal Constitucional. No ha sido así y ahora ya nadie cuenta con que pueda ser favorable. Puede ser perfectamente que de nuevo nos planifiquen una sentencia confusa, ambigua y maquillada, y que nos la presenten como un gran triunfo de Catalunya y del pluralismo y como una muestra de generosidad del Estado. E incluso puede pasar que algunos aquí se lo crean. Y sobre todo puede pasar que se apunten por interés partidista. Que algunos aquí se presten al juego de la confusión y del engaño.

No es objeto de este editorial hablar de la reacción política y ciudadana que, si se da el caso, sería necesario que hubiera. Sino subrayar la gran trascendencia que puede tener el resultado final de todo este proceso. Es decir, de la negociación del Estatut, de los muchos incumplimientos y recortes, del confuso acuerdo sobre financiación y ahora, principalmente, de la sentencia del TC. Y precisar qué significaría una pérdida grave desde el triple punto de vista de la identidad, del poder institucional, político y financiero necesarios para impulsar el país, así como de la capacidad de actuar sobre la cohesión y la convivencia de nuestra sociedad.

A. IDENTITAT

1. Lengua
El catalán no es el único factor de identidad de nuestro país, pero es el más significativo. Y es el que el catalanismo ha defendido siempre con particular intensidad. Por lo tanto, una sentencia que afectara poco o mucho el carácter del catalán como lengua propia de Catalunya –que afectara la oficialidad, el derecho general a usar el catalán y a ser atendido en catalán y la cuestión, especialmente muy sensible, de la inmersión lingüística en la escuela– representaría un perjuicio muy grave para la identidad catalana y sellaría la clara voluntad del Estado de ir laminando nuestra personalidad colectiva. Catalunya debería rechazarlo con rotundidad.

2. Cultura
No toda la cultura que se produce en Catalunya se hace en catalán, ni todas las aportaciones positivas. Esto es evidente. Y ha sido norma del nacionalismo catalán de los últimos cuarenta años tener muy en cuenta este hecho y valorarlo. Pero lo que confiere personalidad propia a la cultura catalana es el catalán. Y en todo caso es también evidente que la cultura es un elemento esencial de la personalidad de Catalunya como pueblo. Por lo tanto, el grado de autogobierno en este terreno debe ser muy alto. Todo lo que represente recortar en la práctica el autogobierno cultural respecto a lo que plantea el Estatut es una agresión contra la identidad catalana.

B.    PODER INSTITUCIONAL, POLÍTICO Y FINANCIERO

1. La Generalitat y la Administración catalana

Del mismo modo que el Presidente de la Generalitat es el representante ordinario del Estado en ausencia del Rey o del Presidente del Gobierno, la Generalitat debe ser la Institución más propiamente representativa de Catalunya, y no puede ser «puenteada», como dicen en Madrid. Ahora esta es una práctica cada vez más frecuente, y evitarla era uno de los objetivos del nuevo Estatut.

2. Poder legislativo
Otra presión que se ha ido acentuando durante los últimos años ha sido la reducción, de hecho, de la capacidad legislativa de la Generalitat. El parlamento hace muchas leyes –incluso se puede decir que dadas nuestras competencias reales sobrelegisla–, pero muy a menudo son reglamentos con formato de ley. Es decir, cada vez más, cuesta que sean leyes que fijen modelo, que realmente configuren la sociedad catalana. La Ley de Dependencia es un caso especialmente claro, donde el Estado limita las competencias estatutarias. Pero hay mas casos. Cada vez más. Y esto el nuevo Estatut pretendía enmendarlo.
 
3. Financiación
Sobre la ambigüedad, la confusión y el resultado, muy probablemente insuficiente, del acuerdo de financiación ya hemos hablado. En todo caso el TC no lo mejorará.
Todo esto en conjunto –invasión institucional recorte político e insuficiencia financiera– limita mucho la capacidad de Catalunya y de sus instituciones de impulsar el progreso general del país. Desde el terreno cultural al industrial y al de la innovación y, también, al social.

C.  Y esto –el PROGRESO SOCIAL, la COHESIÓN y la CONVIVENCIA–  es la tercera prueba de fuego de lo que finalmente represente el nuevo Estatut. Las competencias y la financiación que finalmente resulten de todo ello (sentencia del TC, incluida), ¿qué harán posible en estos ámbitos? ¿Qué  harán posible en el ámbito de la política de ocupación, y en el de los servicios sociales? La inexplicable dimisión competencial y política del tripartito en el tema de la Ley de Dependencia ya fue un duro golpe en este sentido. En esto, y en otros aspectos de los servicios sociales, ¿podrá la Generalitat actuar como protagonista, con criterios adecuados a nuestra realidad y a nuestro proyecto de país, o deberá limitarse más aún a hacer de delegación y de oficina administrativa? Hace muchos años que el catalanismo afirma que «Catalunya será social o no será». Y que es necesario que esta acción social, de justicia y de cohesión se haga con mentalidad de país y sea impulsada desde Catalunya. Desde la sociedad y desde las instituciones catalanas. Con la Generalitat en lo más alto.

Todo esto es aún más necesario en el tema de la inmigración. Y de la política de integración que Catalunya necesita hacer, porque se juega su convivencia, su cohesión social y su identidad. Se juega ser un país sólido, enriquecido por nuevas aportaciones, y con personalidad, o ser una sociedad fragmentada y poco consistente. La experiencia de las inmigraciones que ya hemos tenido permite confiar en que sea posible la primera de estas alternativas. Pero dado el carácter particular de este problema en Catalunya, el Estatut y, en general, la legislación española tienen que ofrecer a la Generalitat un margen importante de iniciativa y de protagonismo.

Una vez se conozca la sentencia del Tribunal Constitucional se podrá hacer balance desde un punto de vista competencial, financiero, identitario, etc.

Pero además se podrá tener una visión de conjunto de lo que será España. ¿Será un país políticamente descentralizado? ¿O un país que habrá recuperado del todo el modelo del centralismo reforzado? ¿Un país quizá que querrá imponer del todo y en todo la homogeneización?

¿Catalunya dará un paso hacia adelante hacia el reconocimiento claro de su personalidad nacional y dispondrá de instrumentos y recursos para una acción colectiva potente económica, social y cultural?

Es decir, después de todo el trasiego de los últimos 5 años, que de hecho han afectado a toda España, ¿qué modelo de Estado tendremos? Y ¿qué papel tendrá Catalunya?

¿Se hablará todavía de pluralidad? Y ¿qué significaría la pluralidad en el caso de Catalunya si no se respetara su personalidad colectiva? Pluralidad que el concepto de «nación» presente en el Estatut define bien, pero que la lengua y la cultura y la institución de la Generalitat y una capacidad real de incidir en su economía y sus relaciones sociales llenan de contenido.


Y terminamos haciendo referencia al título de este largo editorial: ¿De qué se trata? No se trata sólo de una batalla política. Se trata de un episodio más de la muy larga batalla –de hecho, de siglos– entre la voluntad de España de absorber Catalunya y de eliminarle su personalidad, y la nuestra de mantenerla. Y mantenerla no precariamente, con un tono apagado y subsidiario, sino con ambición y plenitud. Y para ello necesitamos la inmersión lingüística, y una alta valoración institucional de la Generalitat, y las herramientas competenciales necesarias para poder crear cohesión social, integración y ascensor social. Y más cosas, evidentemente. Necesitamos un buen autogobierno.

Si entre el acuerdo de financiación y la sentencia del TC y la sistemática acción de erosión de los partidos españoles finalmente resultara que el intento del Estatut ha fallado está claro que Catalunya deberá dar una respuesta institucional, política y sentimental (aquello de la desafección que dice el Presidente Montilla) que contrarreste el evidente propósito de proceder al gradual ahogamiento de Catalunya como nación, como lengua y cultura, como economía y como proyecto social.

Desde este editorial lo único que corresponde es reclamar que la reacción sea potente, sin atolondramiento ni teatralidad. Una reacción hecha, como decíamos en el discurso de homenaje al Presidente Macià, con dignidad y serenidad. Y sin ninguna receptividad hacia la oferta de migajas y los golpecitos en la espalda.

Trabajando nuestros activos Catalunya hacia adentro, ya hemos demostrado más de una vez que tenemos no sólo mucha fuerza de resistencia, sino también creatividad y capacidad de levantar el país.