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Es la pregunta que formulábamos en el editorial de la semana pasada. La formulábamos a propósito de la larga confrontación en torno al Estatut. Y contestábamos: «No se trata sólo de una batalla política. Se trata de un episodio más de la muy larga batalla –de hecho, de siglos– entre la voluntad de España de absorber Catalunya y de eliminarle su personalidad, y la nuestra de mantenerla. Y mantenerla no precariamente, con un tono apagado y subsidiario, sino con ambición y plenitud».
Es decir, no haciendo de la Generalitat un órgano de fuerte contenido político y sólo administrativo y subsidiario; no consolidando un déficit financiero que ahoga nuestro autogobierno y perjudica a nuestros conciudadanos; no recortándonos las competencias de modo que no podamos construir un modelo de país y de sociedad de acuerdo con las necesidades y los proyectos de los ciudadanos de Catalunya. Y manteniendo o aumentando la presión sobre la lengua catalana.
Hay que volver a leer el libro El catalán, una lengua asediada de Solé i Sabaté y de Joan Villaroya. El libro entero, y especialmente el prólogo que escribió Francesc Ferrer i Gironès, para ver el grado de obsesión con el que el Estado español ha perseguido el catalán desde inmediatamente después del Onze de Setembre de 1714 (y antes en el País Valencià ocupado ya en 1707 por las tropas borbónicas). La intensidad de esta persecución demuestra que, por la idea que desde entonces prevaleció de España, el catalán debía ser eliminado. A veces, descaradamente o hasta brutalmente, otras veces «sin que se advierta el cuydado» o «mañosamente». Eliminado de la escuela, de la universidad, de la Iglesia y del catecismo, de los ayuntamientos, de los documentos notariales, del teatro, de los puestos oficiales, de la literatura, del comercio… Conviene mucho leer estos textos porque son la mejor prueba de que el catalán es la piedra angular de la personalidad catalana. Y de que con la lengua lo que durante siglos se ha intentado destruir ha sido justamente esta personalidad. Este ser catalán.
Por lo tanto no sería nada sorprendente que uno de los recortes fuertes del Tribunal Constitucional (más o menos disimulados, pero de efectos muy negativos) fuera precisamente contra el catalán. Contra el régimen lingüístico que desde hace más de 25 años tenemos en Catalunya fruto del Estatut de 1979, y que ahora el nuevo Estatut debe consolidar. Y esto se produciría en una sociedad en la que la presión sobre el catalán ya es muy fuerte debido a la globalización, que incluso afecta lenguas como el francés, el alemán y el italiano; en un contexto de campañas muy agresivas en toda España contra el catalán; y debido también a un incremento muy fuerte de la inmigración, que obliga a un nuevo esfuerzo colectivo de integración. Un esfuerzo superior incluso al que Catalunya ha tenido que hacer con las grandes inmigraciones del siglo XX, debido al volumen de la inmigración actual, al corto periodo de tiempo en el que se ha producido y a su gran diversidad. Una integración que Catalunya se siente capaz de llevar a cabo de forma positiva para todo el mundo, si no se le quitan los instrumentos a los que tiene derecho, según el Estatut, de política social, laboral, económica, de enseñanza, lingüística y cultural.
Concretamente en el tema lingüístico: