¿Cómo quedará la Generalitat?

Supongamos que se apruebe un organismo metropolitano con las competencias que algunos partidos del gobierno quieren que tenga. Y que se creen las veguerías, también con las competencias previstas. Esto suscita una primera pregunta: ¿subsistirán también los consejos comarcales y las diputaciones? Lógicamente deberían suprimirse. Ya hay suficiente lío administrativo. Parece que los promotores de la Ley de Veguerías son conscientes de la excesiva y perjudicial complicación que se podría producir. Sin embargo, no se puede estar seguro de ello porque no hay nada que haga tanta ilusión a algunos sectores como jugar con el territorio catalán como si fuera un rompecabezas de entretenimiento, ni nada despierta tantas ilusiones de territorios medianos, pequeños y muy pequeños.

En cuanto al órgano metropolitano habrá que ver cuáles serán sus competencias y cómo se financiará. Y quién las financiará. Porque es imaginable que, unos conducidos por la ilusión de comarcas y veguerías, y los otros por las ganas de asegurarse al máximo una gran herramienta de poder, quien quede muy disminuida sea la Generalitat. Sobre todo el poder ejecutivo de la Generalitat, es decir, el Gobierno y el Presidente. Pero también, en parte, el Parlamento. Si esto sucediera, el poder real del autogobierno catalán quedaría fuertemente disminuido.

El catalanismo político ha sido siempre comarcalista y ha reclamado las veguerías. Pero sobre todo ha reclamado una Autonomía fuerte. Y esto requiere un gobierno potente, un poder legislativo y ejecutivo potente. Requiere evitar la fragmentación. Requiere tener en cuenta el territorio, y toda la diversidad de sensibilidades, de intereses. Pero también requiere una Generalitat fuerte.

Se nos dirá que todo el mundo está de acuerdo en esto. No es tan seguro. La historia de años pasados y la tendencia ya denunciada a hacer dibujos y a repartirse áreas de poder, de protagonismo y de seguridad, está muy marcada. Por lo tanto, cuantos más organismos territoriales y sectoriales haya, mejor. Y hechos a medida lo máximo posible.

El catalanismo siempre ha intentado evitar que determinadas zonas del país se quedaran atrasadas. En política sanitaria, escolar, universitaria y de servicios sociales, en equipamientos culturales, en desarrollo económico, etc. Ha intentado potenciar el área de Barcelona y a la vez potenciar el resto del país. Ha intentado combinar el comarcalismo tradicional con el refuerzo de una red de ciudades de fuerte personalidad y mucha capacidad de iniciativa. Y con el protagonismo lleno de posibilidades de Barcelona, que irradia sobre toda Catalunya. Sin una Barcelona potente, Catalunya perdería mucha fuerza y personalidad. Pero todo esto, con un sentido global de país. Es decir, sin exceso de particularismo ni de intencionalidad partidista.

Y sin olvidar que el gran objetivo es el autogobierno de Catalunya, y que esto requiere una Generalitat potente. Una Generalitat que significa un Parlamento, un Gobierno y un Presidente.

Esta –tener una Generalitat fuerte– ha sido siempre la idea del catalanismo. Lo fue especialmente en el momento de la transición y al inicio de la recuperación de la Generalitat. Se pedía desde todos los ámbitos políticos, desde los partidos de izquierdas hasta los más marcadamente nacionalistas.

Por ejemplo, se pedía o la supresión de las diputaciones o, más bien, que una parte de sus funciones pasara a la Generalitat. Porque se entendía que eran funciones propias del Gobierno.

Al mismo tiempo había el acuerdo general de que enseguida debía estructurarse el territorio catalán con criterios nuevos y de más proximidad. Pero sin recortar el poder de la Generalitat, que era visto como la herramienta principal del autogobierno y que, por lo tanto, no se la quería disminuir con contrapoderes muy poderosos y mucha fragmentación.

El principal contrapoder del Presidente y del Gobierno tiene que ser el Parlamento. Y, evidentemente, los diferentes organismos de control, como el Consell de Garanties Estatutàries, la Sindicatura de Comptes, la de Greuges, etc. Y también una organización territorial próxima a la gente. Pero todo ello hecho de un modo que no provoque la pregunta, un poco alarmada, que algunos nos hacemos: ¿Podrá la Generalitat actuar con toda la eficacia propia de un auténtico gobierno?