Hace unos años parecía que podríamos evitar esta disyuntiva. Hace treinta, o treinta y cinco años, e incluso hace diez años parecía viable que una evolución favorable de la interpretación de la Constitución y los efectos positivos de una colaboración política, económica y de hábitos convivenciales entre Catalunya y España fuera consolidando una estructura del Estado español que permitiera el reconocimiento claro y consolidado de la personalidad propia y diferenciada de Catalunya. Con respeto y garantía de la identidad, con una grueso de competencias que realmente significara un autogobierno muy importante y con la financiación adecuada para atender bien a sus ciudadanos y elaborar y aplicar proyectos colectivos ambiciosos. Naturalmente, todo ello comportaba una contribución leal y a fondo por parte de Catalunya al progreso democrático, económico, social y de prestigio de España. Es lo que, en algunas ocasiones, desde estos editoriales hemos denominado el proyecto Vicens Vives/Espriu.
Esto ha fracasado. Desde hace unos años se ha ido consolidando un modelo homogeneizador, de techo competencial muy bajo, es decir, de autogobierno muy limitado y sometido a un creciente ahogo financiero.
Esto encaja completamente con la concepción de siempre de España, con el objetivo que siempre ha tenido: un poder político unificado, una centralización económica y una uniformización lingüística y cultural de signo castellano. Es el final de Catalunya como nación, lengua y conciencia colectiva. No mañana mismo, pero sí a pocas décadas vista. A través de un proceso gradual de marginación y de residualización de la catalanidad.
Porque a estas alturas es ingenuo pensar que se podrá frenar el proceso de ir atornillando la Autonomía, y de hecho la identidad, el autogobierno y la economía de Catalunya con nuevas negociaciones, como pretenden aún algunos socialistas catalanes. Si algún cambio puede haber, de momento, es más fácil que sea para mal que para bien.
Por lo tanto, la alternativa a esto ahora tan solo podría ser la independencia.
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Como acabamos de decir, durante muchos años el nacionalismo catalán mayoritario no ha sido el independentista. Ha jugado la carta de un autonomismo que garantizara política y administrativamente un techo alto, económicamente viable y con garantía identitaria. Y rehusaba los requerimientos que algunos sectores le hacían de que se adhiriera al independentismo. Tenía argumentos para hacerlo.
Ahora ya no los tiene.
Ahora puede tener argumentos de viabilidad (no de viabilidad económica. Una Catalunya independiente es viable). También de voluntad de no poner en peligro la cohesión interna catalana. Pero incluso este argumento pierde peso a medida que se acentúa tanto y tanto el trato económico discriminatorio, con repercusiones sociales y humanas. Ahora no tiene argumentos políticos y cada vez menos, argumentos sentimentales. O económicos.
La opción independentista es de difícil realización. La otra, la que nos impone España, la de los partidos españoles y de las instituciones españolas, no es tan difícil porque equivale a rendirse. Y a aceptar la marginación y el ahogo de Catalunya. Por lo tanto, fácil. Pero es nuestro final colectivo.
Llegado el caso, alguna gente, que jamás hubiera soñado hacerlo, votaría independencia.
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Hubiese habido un modo de evitar esto. Que se hubiese aceptado que Catalunya es un pueblo con personalidad propia, con derecho a ser respetado y considerado como tal. Y eso era posible dentro de España.
Pero requería, en primer lugar, no negarse a la evidencia. Y a la justicia. Y, por lo tanto, no negarle el derecho a su identidad y a un autogobierno adecuado a su Historia y a su vocación. Cosa que era posible pese a que la Constitución acabara incorporando la generalización autonómica. Pero de forma que dejaba la puerta abierta a los hechos diferenciales. Una puerta que pronto se cerró (con la excepción de los derechos históricos del País Vasco y de Navarra, y los conciertos correspondientes).
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Pero ahora ya es un criterio muy general que el «café para todos» fue un error, y peor aún ha sido la forma en que se ha llevado a cabo y la forma en que se quiere culminar su aplicación. Lo dice ya, sin ambages, gente de primera fila tanto del PSOE como del PP. Sin ir más lejos, ayer lo dijo José Bono. Toda una sorpresa. Algunos, pocos de momento, incluso dicen que quizá existiría la posibilidad de reconducir esta situación. Hablan, por ejemplo, de que hay que admitir que «Catalunya es el Quebec de España».
Quebec no estaría bien en Canadá, ni tratado correctamente si se le equiparara a Alberta, Labrador, Ontario o la Columbia Británica, territorios de raíz inglesa, anglófonos y de origen histórico muy diferente al de Quebec.
En su momento esta hubiese sido una buena solución. ¿Ahora es posible?
En cualquier caso, entre la independencia y ser el Quebec español mucha gente votaría lo segundo. Pero podría ocurrir perfectamente que para España el estatus de Quebec fuera tan intolerable como la independencia.
Mientras esperamos el día de un hipotético referéndum oficial y vinculante, los catalanes sí que tenemos un objetivo muy claro: reforzarnos internamente. En economía, en creatividad cultural, en el refuerzo de nuestra sociedad civil… Sin esperar demasiada ayuda ni demasiada justicia. Pero con la confianza que nos da una constatación: en Catalunya tenemos país. Hay gente con iniciativa. Ahora también, pese a la crisis y la hostilidad española. Y mientras haya país habrá futuro. Y el país irá aplicando día a día su derecho a decidir.